Antes, las frecuencias se otorgaban a puertas cerradas, se compraban o se entregaban como favores políticos. Esto ocasionó que las frecuencias, a pesar de ser un recurso público,  se conviertan en una mercancía, en un negocio de mucha corrupción. 

 

Para evitar todo esto, y que todas las personas puedan acceder a las frecuencias de forma equitativa, la Ley de Comunicación estableció la realización de un concurso público, abierto y transparente.